La idea de este proyecto fue trabajar en pro de una Constitución que sea producto del diálogo y la participación de todos los santafesinos, cimentando una provincia políticamente federal, que reivindique la regionalización y las autonomías. En este proyecto se contemplan, por ejemplo, la extensión de los mandatos de los presidentes comunales y la reelección sólo por un período. Con esto se evita que se cristalice la dirigencia. Considera positiva la alternancia y el recambio -tanto para los gobernadores como para los intendentes, concejales y legisladores-. También, considera la incorporación al texto constitucional del derecho a la información, a la salud, la educación secundaria obligatoria, el reconocimiento de los derechos a vivir en un medio ambiente digno y los derechos de los discapacitados, un Ministerio Público independiente, un Defensor del Pueblo elegido por la gente, y una nueva figura que sería el Procurador de la Juventud. Adhiere además, a la regionalización, para que el Estado provincial tenga una lógica en la gestión; que en cada región haya una política simétrica y no mapas para la política de seguridad, para la salud, para la educación, los que generalmente no coinciden. Cree también, que la Constitución de la provincia debe incluir la participación de Santa Fe en la Región Centro, la habilitación constitucional para la conformación de microrregiones –como lo es en Córdoba y en Entre Ríos-, entre otros puntos.